(1792) Hubo juicios por los cambios ilegales de gobernadores que se habían hecho. El Rey se quejó hasta del Virrey, fue comprensivo con el Gobernador Acuña, y el cuñado de este, Juan de Salazar, tras ser condenado, se escapó de la cárcel.

 

     (1392) En relación a todo lo pasado, se iniciaron en la Audiencia de Lima una complicada serie de procesos, que, de hecho, carecían de consistencia, porque, aunque había responsabilidades, las circunstancias fueron muy confusas, y se podría decir que  los acusados no actuaron con mala fe: “Al gobernador Acuña y a sus cuñados se les hacía responsables de haber provocado el levantamiento de los indios, y de no haber tomado después las medidas convenientes para dominarlo. También se quiso juzgar a los que destituyeron al Gobernador y nombraron al funcionario que debía reemplazarlo. Pero, en realidad,  a estos sucesos se les dio en Lima menos importancia de la que le había atribuido la Audiencia de Santiago. Se consideró que aquellos hechos, por desafortunados que fueran, no suponían un verdadero desacato a la autoridad real, puesto que sus autores no se habían apartado un instante de la más respetuosa fidelidad al soberano, y actuaron con buena intención. Además, el carácter y los antecedentes de los procesados eran una prueba de la rectitud de sus propósitos. El veedor Francisco de la Fuente Villalobos, hombre de edad muy avanzada y con más de cincuenta años de buenos servicios, habría podido justificar su conducta, pero murió a los pocos días de haber llegado a Lima. Los otros tres procesados sufrieron una prisión de más de cuatro años, pero, finalmente, fueron indultados, ya que la opinión pública les había sido favorable. El Virrey, por motivos de prudencia, mandó que no se siguiera el juicio contra los otros revolucionarios que habían quedado en Chile”.

     Pero había otro asunto más impopular: “La opinión pública y la justicia fueron mucho más severas con aquellos a los que se acusaba de haber provocado el levantamiento general de los indios. Al gobernador don Antonio de Acuña se le trató con alguna indulgencia, porque solo se le reprochaba su debilidad al someterse a los deseos de sus cuñados, y se le permitió residir en su casa. Por el contrario, el maestre de campo don Juan de Salazar, instigador de las campañas contra los indios cuncos, responsable del desastre de Río Bueno en 1654, y cuya conducta en el alzamiento del año siguiente no admitía disculpa, fue retenido en prisión con acusaciones tramitadas en Perú y en Chile. Después de cerca de dos años de prisión, don Juan de Salazar comprendió que aquel asunto tenía un aspecto muy poco favorable para él, y que, aun en el caso de absolución, su cautiverio se prolongaría mucho, hasta que llegase el fallo definitivo pronunciado por el Consejo de Indias en España. Cohechando al alcalde de la cárcel, llamado Agustín de Miranda, se fugó con él, esquivando hábilmente todas las persecuciones decretadas contra ambos. Aunque el Virrey ofreció premios considerables al que descubriese su paradero, don Juan de Salazar burló la acción de la justicia, marchándose secretamente a España, donde la familia de su cuñado podía prestarle una protección eficaz. Pocos meses más tarde, en septiembre de 1658, el proceso estaba terminado, y el Virrey enviaba a la Corte, en dos grandes cajones, los catorce volúmenes de los autos tramitados en Chile y en el Perú, para que el Consejo de Indias pronunciase la sentencia definitiva”.