(1391) Como era de esperar, la llegada a
Concepción de las órdenes de los oidores de la Real Audiencia de Santiago, por
las que se le devolvía a Antonio de Acuña su titularidad como Gobernador de
Chile, iban, de momento, a enredar más la situación, ya que Francisco de la Fuente
Villalobos se aferraba, sin tener razón para ello, al cargo que ya le habían
concedido. El estar ambos lejos de Santiago de Chile facilitaba el
mantenimiento de este conflicto: “El gobernador Acuña, viéndose amparado por
esa resolución, y apoyado, además, por los descontentos que había creado la
política absurda de Francisco de la Fuente, se consideró restituido de nuevo al
poder, y confió el mando de las tropas al maestre de campo Fernández de
Rebolledo”. Dio la casualidad de que, por entonces, se fueron consiguiendo
algunas victorias importantes contra los mapuches, y el conflicto entre los dos
candidatos quedó aparcado temporalmente, ya que el peligro de la insurrección
de los indios había hecho que vieran necesario mantenerse tranquilos. Pero, cuando
el nuevo virrey de Perú, Luis Enríquez de Guzmán, tuvo conocimiento de la
confusa situación creada entre los dos pretendientes a la gobernación de Chile,
decidió resolverla: “Le mandó al gobernador Acuña que, sin tardanza, se
dirigiese a Lima con su familia. Le encargó también a la Audiencia que hiciera
cumplir esta orden, y que asumiese el gobierno provisional del reino de Chile hasta
que llegase un titular legítimo”.
Los oidores de la Audiencia enviaron de inmediato
a Concepción una orden para que Antonio de Acuña abandonara la gobernación de
Chile, se trasladara a Perú y se presentase ante el Virrey: “Pero el destituido gobernador no quiso hacer
caso alguno de estas representaciones ni obedecer las órdenes del Virrey. Al
tomar conocimiento de la orden del Virrey, contestó por escrito, en términos
categóricos y hasta irrespetuosos, las razones que tenía para no obedecerla. Si
estas ocurrencias hubieran sido conocidas por el público, habrían estimulado
sin duda alguna las manifestaciones del descontento, y producido quizá un
segundo motín en contra del Gobernador. Aunque la Real Audiencia había hecho
venir a Santiago a los principales promotores del movimiento revolucionario de
Concepción, quedaban en esta última ciudad algunos espíritus inquietos que
censuraban duramente la conducta del Gobernador y de sus parientes. En aquel
tiempo, estas censuras, aunque no pasasen de ser simples conversaciones, eran
consideradas un grave delito. El maestre de campo Fernández Rebolledo (nombrado
por Acuña), dando cuenta de ellas a la Real Audiencia, pedía que se le
concediese facultad para castigarlas ejemplarmente. En el mismo seno del
supremo tribunal, el oidor decano don Nicolás Polanco de Santillán sostuvo que
la suavidad usada hasta entonces había hecho más insolentes a los revoltosos, y
que debía procederse ‘con celeridad a cortar las cabezas de los que parecieren
más culpables’, persuadido de que la ejecución de cuatro de estos, cuya
participación en los sucesos pasados era reconocida por el Gobernador y por el
oidor De la Huerta Gutiérrez, bastaría para aquietar los ánimos y hacer cesar
las alarmas. Pero este parecer no fue aceptado por los otros oidores, que
creían que, dadas las circunstancias del reino, era conveniente no salir de la
línea de templanza y de moderación que la Audiencia se había trazado”.
(Imagen) El ya depuesto gobernador Antonio
de Acuña, asentado en Concepción, se aferraba como una lapa al puesto: “El virrey
de Perú, LUIS ENRÍQUEZ DE GUZMÁN, cuando recibió de Chile las comunicaciones referentes a la
negativa del gobernador Acuña a presentarse ante él en Lima, dio cuenta de todo
al Rey y tomó las medidas para hacerse obedecer. Tras reunirse con sus
consejeros, decidió enviar a Chile con el título de gobernador interino al
almirante (marítimo) don Pedro Porter Casanate, y puso bajo sus órdenes
376 soldados que, aunque destinados a someter a los indios, debían servir
también para hacer respetar sus órdenes como nuevo gobernador. Iría a su lado el
doctor don Álvaro de Ibarra, para que redactara informaciones acerca de todos
aquellos que tuvieran responsabilidad en las desgracias de Chile. Porter
Casanate desembarcó en Concepción el 1º de enero de 1656. Parece ser que, en un
primer momento, no faltaron quienes aconsejasen al gobernador Acuña que se
resistiera a entregar el mando, pero él no se atrevió a ponerse en rebelión
abierta. ‘Estuvo el reino a punto de una guerra civil -le escribió al Rey el
oidor Polanco de Santillán-, si don Antonio de Acuña no hubiera cedido el cargo
para servir con obediencia a Vuestra Majestad. De haberse puesto a la defensiva,
se habrían partido los campos en amigos y enemigos, convirtiéndose el
recibimiento en batalla, de manera que, de no contenerse don Antonio de Acuña, aquello
habría acabado mal’. Reunido solemnemente el cabildo de Concepción y algunos de
los jefes militares de la plaza, Porter Casanate tomó posesión del gobierno sin
dificultades de ninguna clase. El nuevo Gobernador desplegó un comportamiento
tan prudente como firme. Guardando a don Antonio de Acuña y Cabrera las atenciones
debidas a su rango, le pidió que se trasladase a Perú con su familia para dar
cuenta de sus actos y para defenderse de los cargos que se le hacían. Álvaro de
Ibarra, por su parte, comenzó inmediatamente a recoger la información sobre los
sucesos pasados, formando, al efecto, tres procesos diferentes: uno contra
Acuña, otro contra los Salazar (sus cuñados), y el tercero contra los
que destituyeron al gobernador don Francisco de la Fuente Villalobos, pero se
encontró con inmensas resistencias para hacer su trabajo. Al llegar a Santiago,
se vio contrariado por los obstáculos que le ponía la Real Audiencia, pues sus
oidores afirmaban que solo a ellos correspondía tramitar los procesos iniciados
contra los autores del motín de Concepción. Ibarra, apoyado por el Gobernador,
consiguió hacer valer su dictamen, y logró que fueran enviados a Lima los
cuatro individuos a los que acusaba de la principal culpabilidad en aquellos hechos”.
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